Con respecto al primer objetivo, la economía catalana no sólo ha conseguido dejar atrás la peor crisis de la historia reciente, sino que, en ciertos aspectos, ha salido reforzada. El año 2016, nuestro PIB creció un 3,5%, un registro extraordinario que supera en tres décimas el español y duplica el de la media de la zona euro. Se trata, además, de un crecimiento transversal y con una aportación positiva de todos los sectores económicos, desde la industria hasta el turismo. Ciertamente, el aumento del empleo sigue siendo una asignatura pendiente, aunque el progreso es claro: la tasa de paro se sitúa hoy en el 12,5%, casi 12 puntos menos que a principios del 2013. Y, en cuanto al comportamiento del sector exterior, las exportaciones catalanas de bienes y servicios subieron el año pasado un 4,1%, a la vez que las cifras récord en inversión extranjera directa –5.052 millones en el 2016– manifiestan la enorme confianza de los inversores en nuestra economía.
El segundo compromiso que nos habíamos impuesto era la mejora de la sostenibilidad de las finanzas de la Generalitat, muy echada a perder después de la reducción de ingresos derivada de la crisis y del ahogo sostenido provocado por el modelo de financiación. En sólo un año, el déficit de Catalunya se redujo del 2,84% (2015) al 0,93% (2016), unos 4.000 millones menos. Esta disminución ha tenido dos efectos muy positivos: el primero es que en el 2016, después de muchos años de aumentos ininterrumpidos, el peso de la deuda catalana sobre el PIB ha empezado a reducirse, pasando del 35,6% (2015) al 35,4% (2016); la segunda es que, en la medida en que se han eliminado las tensiones de tesorería, se ha normalizado el periodo medio de pago a proveedores: si en diciembre del 2015 la Generalitat pagaba a 54 días, en agosto de este año ya lo hacía a 30 días.
El tercer compromiso era conseguir que la mejora de la situación económica llegara también a los ciudadanos, y por eso en el año 2017 aprobamos unos presupuestos que incrementaban en 1.355 millones las partidas de gasto social con respecto a las cuentas del 2015. Los presupuestos también incluían 1.600 nuevas dotaciones de personal en el ámbito de la salud y hasta 7.000 más en la plantilla de profesores no universitarios, un incremento que sitúa el número de profesores en Catalunya en máximos históricos.
Finalmente, querría destacar el trabajo hecho en estos dos años para modernizar y fortalecer la Agencia Tributaria de Catalunya. La ATC es hoy una administración más próxima al ciudadano –gracias a las 28 nuevas oficinas que se han abierto por todo el territorio– y más autónoma, con capacidad para ejercer con eficacia sus competencias estatutarias y asumir funciones –como la recaudación ejecutiva o la gestión directa de los tributos propios y cedidos– que hasta ahora había delegado en agentes externos.
También en el ámbito tributario, me gustaría mencionar dos iniciativas más: por una parte, la creación de nuevos impuestos con finalidades que van más allá de la mera recaudación, como el impuesto sobre las bebidas azucaradas –que busca incidir sobre la salud de los consumidores– y, por otra parte, la lucha contra el fraude fiscal, que ha permitido hacer aflorar hasta 360 millones en dos años.
Estos hechos, entre muchos otros, muestran el trabajo realizado por el Departament d’ Economia en poco menos de dos años. Hemos trabajado incansablemente y con rigor. Hemos dialogado siempre con los agentes políticos, económicos y sociales para enriquecer y mejorar cada proyecto, aunque a menudo no ha sido fácil alcanzar el acuerdo. En estos momentos, a pesar de la intervención de la Generalitat, a pesar de los contratiempos constantes en la gestión financiera, a pesar de las presiones recibidas desde muchos ámbitos, a pesar de todos los pesares, estoy convencido de que la línea que hemos seguido en estos 21 meses es la correcta. Y seguiremos comprometidos con el objetivo que nos ha guiado hasta ahora: conseguir que Catalunya sea el país próspero y justo que sus ciudadanos reclaman y merecen.
(La Vanguardia)